Realizarán mesas de trabajo con sociedad civil
Las y los diputados capitalinos trabajarán con la Asamblea Constituyente para reconocer y regularizar el “trabajo sexual” en la Constitución Política de la Ciudad de México, aseguró el diputado local perredista, Víctor Hugo Romo.
En conferencia de prensa realizada ayer, el asambleísta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que en octubre y noviembre se realizarán mesas de trabajo entre sociedad civil, instituciones públicas y privadas, asambleístas y constituyentes, para discutir de manera abierta “cómo quedará garantizado el trabajo sexual” en la Carta Magna capitalina.
Acompañado por la antropóloga feminista Marta Lamas; la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero; y por la activista por la diversidad sexual y diputada constituyente, Lol Kin Castañeda, Romo dijo que un juzgado capitalino “ya reconoció el trabajo sexual”.
La sentencia a la que hizo referencia es la emitida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien resolvió el Juicio de Amparo 112/2013 en el que reconoce que toda persona tiene derecho “al trabajo libremente elegido o aceptado”.
Este amparo presentado por mujeres en contexto de prostitución, obligó a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal a expedir credenciales de “trabajadoras no asalariadas” a las quejosas; lo que a decir de Brigada Callejera, sirve como medida para evitar el hostigamiento y la extorsión contra estas mujeres.
El ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, consideró que “es necesario visibilizar el trabajo sexual para combatir la discriminación”, por lo que agregó que el pasado 31 de marzo la fracción perredista presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa “para suprimir la prostitución como una infracción”.
La propuesta parlamentaria es derogar la fracción 7 del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que a la letra dice: “que es una infracción a la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”.
Sin embargo, a decir de organizaciones como la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés) esta sentencia sólo aplicó para un caso y no sentó jurisprudencia.
En su turno, la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, Marta Lamas, resaltó que en realidad el “trabajo sexual” debe ser llamado “comercio sexual” ya que se trata de un acuerdo entre “la persona que vende y la que compra”, actividad que no está penada en la ley porque en esta ciudad lo que se castiga es el lenocinio que –expuso– es sacar provecho del trabajo sexual de otra persona.
Refirió que es necesario reconocer que existen redes de delincuencia que ejercen presión y agresión hacia las “trabajadoras sexuales”, por lo que llamó a escuchar la voz de las mujeres que “realizan esta actividad para que puedan desarrollar su trabajo con libertad y sin delincuencia”.
La investigadora mencionó que todas las personas están en contra de la trata de personas pero destacó que hoy es necesario regularizar las nuevas formas de “venta del servicio sexual” ya que muchas mujeres prefieren ejercer esta actividad donde ganan más dinero que siendo cajeras, meseras o realizando labores de limpieza.
Al respecto la activista Elvira Madrid, que acompaña a mujeres en contexto de prostitución, dijo que la ciudad tiene que dar garantías a las “trabajadoras sexuales” que son extorsionadas o que trabajan en zonas de tolerancia que en realidad no sirven.
En su oportunidad, la diputada constituyente por el PRD, Lol Kin Castañeda, reconoció que la regularización de esta actividad es un tema complejo y que será un reto reconocer “los derechos laborales de estas trabajadoras” para que no sean acosadas ni discriminadas.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF, Elizabeth Mateos Hernández, destacó la importancia de consensar normas enfocadas a la “regulación del trabajo sexual” lo que permitirá velar por los “derechos laborales”, y es que para la diputada visibilizar el “sexoservicio” es el primer eslabón para erradicar y prevenir la trata de personas.
En tanto el borrador de Constitución capitalina incluye en su artículo 15 “que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley reconocerán y protegerán el trabajo sexual como una actividad lícita”, proyecto que aún debe ser analizado y aprobado por las y los constituyentes.
Fuente: Cimac noticias